RÁPIDA REACCIÓN
Denuncian y separan a funcionarios del INPE
Procuraduría anticorrupción también incluyó a empresaria. Los cargos son presunta colusión en la adjudicación de contratos
Por: Alfredo Ali Alava Uni de Investigación
La procuraduría anticorrupción, a cargo del doctor Jorge Luis Caldas Malpica, denunció a tres funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario-Región Lima (INPE-Lima) y a una empresaria, sobre quienes existe la sospecha de haberse coludido para obtener beneficios a través de contratos millonarios orientados a proveer alimentos a reclusos y empleados de los penales de Lima e Ica.
En la tarde de ayer, horas después de la publicación de El Comercio, Caldas presentó ante la Cuarta Fiscalía Anticorrupción, la denuncia contra los funcionarios del INPE-Lima, Bertha Chacaltana Condori (jefa), José Tirado Franco (administrador), Carlos Cabrera Huatay (jefe de Logística) y contra la empresaria Berta Haydee Adauto Quispe.
Esta última es ejecutiva y propietaria de Comercial Tres Estrellas S.A., empresa ganadora de tres recientes adjudicaciones exoneradas del proceso de licitación y, hasta enero de este año, titular-gerente de Negociaciones Harol’s E.I.R.L., también beneficiada con la adjudicación a dedo de un proceso por más de tres millones y medio de soles.
Precisamente, Negociaciones Harol’s resultó favorecida en un proceso exonerado en enero de este año, a pesar de que la otra empresa (Comercial Tres Estrellas) estaba siendo investigada por presentar documentación falsa en el 2006.
Este hecho, tal como lo puso en evidencia nuestro Diario, era del pleno conocimiento de la jefa del INPE-Lima, pues ella misma firmó documentos que luego remitió al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Consucode), hoy Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), para dar cuenta de la presunta entrega de certificados falsos por parte de Tres Estrellas.
Al respecto es necesario señalar que, a pesar de la existencia de un nutrido y documentado proceso sancionador contra dicha empresa, en el tribunal deOSCE, hasta la fecha no se toma una determinación final.
En torno a las últimas adjudicaciones, Caldas dijo que existen sospechas de colusión que involucrarían a los funcionarios del INPE-Lima.
Indicó que, por sus montos, los procesos debieron ser licitados, pues de esta manera las adjudicaciones se hacen más transparentes al permitir la participación de varios postores y en actos públicos.
El procurador, quien reaccionó rápidamente ante la denuncia formulada por nuestro Diario, explicó que las sospechas son mayores si se tiene en cuenta que la empresaria Berta Aduato está vinculada a las dos empresas beneficiadas.
Explicó que no es posible exonerar del proceso de licitación en forma consecutiva tal como lo ha hecho el INPE. Aquello, anotó, debe ser investigado y “nosotros seguiremos actuando para aportar más pruebas y que los responsables sean sancionados”.
EN PUNTOS
Mejorarán control de los alimentos
- La presidencia del INPE decidió destituir de sus cargos a los funcionarios de la región Lima que manejaron los procesos de adjudicación.
- La determinación se tomó tras analizar la denuncia de El Comercio y a fin de mejorar los controles de la provisión de alimentos en los penales a su cargo.
- El nuevo presidente del INPE, Jorge León Ballén, ordenó también que en adelante las licitaciones se realicen con 120 días de anticipación.
- Se dispuso nombrar equipos móviles que acudirán a los penales en forma inopinada para verificar la calidad de la comida.
- También se ha formado un comité especial de control de alimentos en el que se incluirá a representantes de la sociedad civil y de la Iglesia Católica.
- En un comunicado, el actual Consejo Nacional Penitenciario se comprometió a realizar cambios profundos que permitan mejoras en los penales.
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