La Noticia
(1) Hugo Suero, el cuestionado gerente general del Poder Judicial. (2) El Poder Judicial necesita una limpieza a fondo.
Miles de trabajadores del Poder Judicial, capacitados y con estudios universitarios, claman por sueldos justos, mientras que, de espaldas a esta realidad, el gerente general, Hugo Suero –cuyo cese podría decidir hoy el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, luego que el presidente del PJ, César San Martín, se abstuvo de ratificarlo- protege a una planilla privilegiada que ocupa los más altos puestos en la institución, con altos haberes y bonos extraordinarios, sin haber cumplido con los requisitos necesarios para ocupar estos cargos y a pesar de haber presentado títulos “bamba”.
Estos funcionarios, con la protección del gerente Suero, se han mantenido en el cargo a través de las sucesivas presidencias de la Corte Suprema, cumpliendo un papel de enlace con la Gerencia General y al mismo tiempo de una especie de muro de contención para evitar cambios o fiscalización en la forma en que se administra el Poder Judicial.
Chofer “emprendedor”
El caso que motiva más escándalo es el de quien hasta ahora es Administrador de la Corte Suprema, Luis Alberto Vega Marroquín, un joven sin preparación universitaria ni técnica, de 31 años, que se encuentra en la condición de “encargado” de este importante puesto desde septiembre del 2006.
Tal encargo no llamaría la atención si se tratase de un profesional joven con altas calificaciones personales y una brillante carrera universitaria, pero el personaje no cumple ni siquiera con los requisitos para ocupar el primer nivel de empleado del Cuadro de Asignación de Personal (CAP) del Poder Judicial.
En realidad, Vega Marroquín ha tenido una meteórica carrera como empleado del Poder Judicial, gracias al padrinazgo de Suero, desde el puesto de chofer que desempeñó a lo largo del año 2000 y hasta enero del 2001, con cargos cada vez más altos, hasta llegar al más importante cargo administrativo en la Corte Suprema.
Lo particular es que fue ascendiendo en el escalafón institucional, sin cumplir en ningún caso con los requisitos que se exigen para cada puesto de trabajo.
Vega Marroquín solo cumple con los requisitos para el cargo de Auxiliar Administrativo, el primer escalón de la carrera administrativa y que exige contar únicamente con secundaria completa. Ni siquiera para ocupar el cargo de chofer, Vega acreditó haber aprobado estudios técnicos en mecánica automotriz ni tener al menos la categoría A2 (como chofer), que se pedía para el cargo.
Cuando fue “ascendido” a Asistente a partir de febrero del 2001, tampoco tenía los 23 años que exigía el cargo (tenía 22), y menos aún los ocho semestres de estudios técnicos o profesionales concluidos, ni una experiencia de cuatro años en labores similares, que eran requerida a todos los candidatos a este cargo.
Nuevamente fue promovido, en enero del 2002, al cargo de Analista II, y una vez más incumplió el primer requisito que era tener 27 años cumplidos -tenía solo 23-, ni con los demás, que eran contar con un título profesional, cinco años de experiencia y al menos con dos años en el puesto inmediato anterior, como Analista .
Cuando tenía sólo 25 años, en setiembre del 2004, el gerente general Hugo Suero decidió nombrarlo Coordinador I, cargo que requería no sólo el título profesional correspondiente a la especialidad del área de trabajo, sino cursos a nivel de Post Grado o Maestría. En este caso, Vega tampoco tenía la edad mínima exigida para el cargo, que era de 28 años.
Más irregular aún fue su nombramiento en el cargo inmediato superior, como Analista III, en mayo del año 2007. Con 28 años, este personaje no solo no cumplía con el requisito de la edad (32 años), así como tampoco con el título profesional, estudios de Pos Grado (necesarios), Maestría (de preferencia) y experiencia de seis años a nivel de jefatura.
El actual Administrador de la Corte Suprema ha sido “premiado” en varias oportunidades con “bonificaciones excepcionales” que suman varios miles de soles, por decisión del gerente y sin mayor fundamentación.
Descalificado
De haber sido un ascenso regular, Vega Marroquín habría sido descalificado desde su primer puesto, pero su cercana amistad con el cuestionado gerente general del Poder Judicial, le permitió seguir escalando en la institución.
En septiembre del año 2006, sin reunir los requisitos, ni de experiencia ni de formación académica, le fue encargada la Administración de la Corte Suprema de Justicia, designación que llenó de asombro al personal del área administrativa de esta sede, que conocía la trayectoria de Vega.
Un estudio realizado por el Comité de Ética del Poder Judicial dictaminó sin embargo que el Administrador de la Corte Suprema no tenía título profesional alguno, ni estudios de Post Grado, ni experiencia como directivo, requisitos que son necesarios para este cargo.
Inclusive este funcionario incumple los requisitos del “Perfil de Puestos de Trabajo de los trabajadores del Poder Judicial sujetos al Régimen Laboral de la Actividad Privada”, el mismo que fue aprobado por Resolución de Gerencia General Nº 604, del 14 de julio del 2003, vale decir una norma establecida por el propio gerente general.
Por todo documento académico, el actual Administrador de la Suprema ha presentado un dudoso certificado de Estudios de una universidad que ya fue clausurada, así como certificados de capacitación para jóvenes ofrecidos por una empresa de telefonía.
Signos de riqueza
Pero Vega Marroquín no sólo es un funcionario que no merece estar en el puesto por carecer de los requisitos mínimos, sino que además había despertado el interés de los investigadores del Comité de Ética por los evidentes signos de enriquecimiento que exhibe.
Si bien el actual Administrador tiene un sueldo que con bonificaciones y otros beneficios supera los 10 mil nuevos soles, lleva un tren de vida que corresponde al de un empresario de éxito y ha realizado adquisiciones que no se ajustan a la realidad de un funcionario público.
A pesar de estar reportado a las centrales de riesgo por haber incumplido compromisos con entidades financieras, adquirió un inmueble, al contado sonante, valorizado en 40 mil dólares.
Además, posee más de un vehículo, uno de ellos una moderna camioneta rural marca Chery, del año 2008, que adquirió en el 2009. Este vehículo está valorizado en el mercado en casi 16 mil dólares, al contado.
Según la investigación del grupo de ética, el Administrador de la Corte Suprema realiza gastos de entre 15 mil y 20 mil soles mensuales a través de distintas tarjetas de crédito, las que mantiene al día, pero con pagos que entran en contradicción con los ingresos que recibe cada mes.
Extraños viajes
Además, otro signo notorio de un tren de vida privilegiado y en desacuerdo con sus ingresos, son los numerosos viajes que el Administrador de la Corte Suprema realiza a los Estados Unidos de NorteAmérica, algunas veces en compañía de su secretaria Giovanna Pinto Malache.
Entre los años 2008 y 2009, Vega Marroquín ha viajado hasta en cinco oportunidades a los EEUU, sin que se justifiquen tales desplazamientos por motivos de trabajo. El funcionario ha viajado aparentemente en viajes de placer, como lo sigue realizando hasta el presente año, pero extrañamente en cada uno de estos movimientos hace escala en la ciudad de Panamá.
Su movimiento migratorio, sin embargo, registra movilizaciones inclusive desde el año 2000 en que se inició su meteórico ascenso laboral.
Asimismo, funcionarios del Poder Judicial que coincidente se hallaban en la ciudad de Miami en el año 2009 fueron testigos de la presencia del voluminoso funcionario en una tienda de venta de motos. Vega Marroquín adquirió una costosa máquina Harley Davidson, presuntamente para algún magistrado supremo.
Falsificadores
Pero si el caso del Administrador de la Corte Suprema es escandaloso, igualmente la actual Directora de Protocolo y Relaciones Públicas del supremo tribunal, Ana María Miranda Pizarro, tiene mucho que explicar sobre su extraño ascenso a tan importante cargo.
Esta dama de 48 años, que ingresó a trabajar como meritoria a la Corte Suprema en el año 1984, ascendiendo luego a distintos cargos, según testigos de su paso por este tribunal.
Para lograr su fabuloso ascenso, Miranda Pizarro no ha necesitado acreditar que cuenta con título ni estudios en relaciones públicas o periodismo, como lo exige el cargo, así como tampoco tiene especialización en etiqueta social ni protocolo. Lo grave es que todo indica que la referida funcionaria ha falsificado no uno sino muchos de los documentos y los datos que se incluyen en su legajo personal.
Por ejemplo, presentó un documento de inscripción en la Federación Peruana de Relacionistas, presuntamente desde diciembre de 1988, con el número 89. Sin embargo, esta federación solo acredita a profesionales que hayan concluido sus estudios en relaciones públicas o comunicación. Además, se comprobó que un relacionista público inscrito en el año 1988 tiene el registro 225, por lo que mal podría Miranda tener el número 89.
En su legajo personal no hay ningún documento que demuestre que haya realizado y concluido estudios de comunicación social o relaciones públicas, así como tampoco periodismo.
La actual directora de Protocolo de la Corte Suprema, sin embargo, consignó en una ficha de empadronamiento que había obtenido el grado de bachiller en ciencias de la comunicación en 1983 y en servicio social en 1991, en la Universidad privada San Martín de Porres. El diploma de Bachiller no está en el legajo personal y el de Servicio Social no es de 1991 sino de 1998, siete años después.
También declaró en otra ficha ser periodista de profesión, lo cual no es cierto. Además, presentó un diploma de haber estudiado derecho y ciencias políticas en la universidad nacional Santiago Antúnez de Mayolo de Áncash, graduándose como bachiller en agosto de 2001 y obteniendo el diploma en el 2003.
De acuerdo a ello, tendría que haber estudiado físicamente en la ciudad de Huaraz, entre los años 1994 y el 2000, algo imposible porque en ese tiempo se desempeñó como Técnico Administrativo, Asistente de Imagen Institucional y Atención al Público y como encargada de la Oficina de Protocolo de la Corte Suprema. Ello significa que mintió a su empleador, el PJ, indicaron fuentes del Palacio de Justicia.
Igualmente, consignó un título de abogado otorgado por la Universidad Alas Peruanas en el año 2005, pero no señala la sesión de directorio en que se tomó el acuerdo ni la fecha en que optó el título profesional. Lo único cierto y probado es que la actual Directora de Protocolo y Relaciones Públicas de la Corte Suprema ha realizado estudios de Secretariado Jurídico en 1982.
Sin embargo, a pesar de no contar con los requisitos académicos exigidos, la funcionaria recibe un sueldo de más de 10 mil nuevos soles mensuales, que incluyen su básico, bono de 3,000 soles y asignación extra de 1,500 soles.
Pero el Gerente Hugo Suero, que maneja a su antojo los nombramientos del personal, contrató en anterior oportunidad a una persona descalificada para el cargo. En el año 2009 nombró jefe de la Oficina de Imagen Institucional y Prensa del Poder Judicial a Carlos Eslava Escobar, de 65 años, quien se presentaba como “Profesional en Comunicación Estratégica y en Ciencias Publicitarias” en su hoja de vida, pero no poseía ningún título universitario en relaciones públicas o ciencias de la comunicación como lo exige el cargo, tan solo estudios de arte y teatro. Sin embargo, su sueldo era de 14,000 soles mensuales.
Publicado el 5 de enero de 2011 en el diario La Primera
