Calixto Garmendia,habitante de un pueblito de la sierra ,trabajador muy digno,se dedicaba a la carpinterìa,ademàs de poseer un terrenito agrìcola,con lo que dentro de su pobreza vivìa con su familia con tranquilidad,jamàs bajaba la cabeza ante nadie.
Odiaba la injusticia y era ademàs solidario,cuando ocurrìa alguna lo buscaban, y èl gustoso encabezaba las protestas;esto no veìan con buenos ojos las autoridades y poderosos del pueblo.
Un dìa llegò la peste, murieron muchos,el cementerio habìa copado su capacidad,era necesario ampliarlo,las autoridades encabezadas por el Alcalde,en lugar de fijarse en los grandes terrenos de los ricos,expropiaroen el de Calixto Garmendia,èl protestò por todos los medios y en todas las instancias durante SEIS AÑOS sin resultados,pidiò que aunque sea le reconozcan el valor de su terreno,cosa que a pesar de habèrsele ofrecido en repetidas oportunidades jamàs se cumpliò.
Cambiò por completo su vida y la de su familia,empezò,ademàs a tener problemàs econòmicos,al verlo en dificultades ya nadie lo buscaba,pero lo peor era que aquèl que defendìa a los demàs de las injusticias,èl mismo estaba siendo vìctima de una tremenda injusticia y a pesar de sus esfuerzos no hallaba ayuda ni soluciòn al problema.
Nacieron en él sentimientos de odio y de venganza contra el alcalde y las autoridades.Se las arreglò para sin jamàs ser descubierto, tirar piedras sobre sus techos de tejas ;al ver las incomodidades que con esto causaba,en la soledad de su habitaciòn reìa enfermizamente.
Un dìa el Alcalde muriò, como ùnico carpintero del pueblo fue el encargado de confeccionar su ataùd,lo hizo con placer y cobrò desmesuradamente;llegò un nuevo Alcalde,Calixto tuvo la esperanza de poder cobrar,pero èste lo denunciò por agitador,siendo encarcelado por 15 dìas.Le dijeron que se disculpe con el Alcalde.que suplique que le paguen a lo que èl se negò rotundamente diciendo que la justicia es un derecho,no un favor. Poco despuès Calixto Garmendia muriò.
jueves, 23 de diciembre de 2010
miércoles, 15 de diciembre de 2010
El Congreso mexicano quita por primera vez el fuero a un diputado por nexos con el 'narco'
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Congreso/mexicano/quita/primera/vez/fuero/diputado/nexos/narco/elpepuint/20101215elpepuint_6/Tes
Se trata de Julio César Godoy, elegido en julio de 2009 y que solo ha acudido una vez a la Cámara, a recoger su acta de diputado.- El político está en paradero desconocido
AGENCIAS - México - 15/12/2010
La Cámara de Diputados mexicana ha aprobado hoy por primera vez retirar la inmunidad parlamentaria a un diputado, el izquierdista Julio César Godoy, en paradero desconocido, para que sea investigado por sus presuntos nexos con el cartel de las drogas La Familia Michoacana. Después de un debate de una hora, 384 diputados han votado a favor de retirar la inmunidad a Godoy, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 21 se han abstenido y dos se han pronunciado en contra del dictamen.
Godoy Toscano no estaba presente en la sesión donde se ha llevado a cabo esta histórica votación y ha enviado a la Cámara a un representante. De hecho se desconoce el paradero del izquierdista, quien la última vez que estuvo en el Parlamento fue el 7 de diciembre. Godoy Toscano fue vinculado con el cartel de La Familia poco después de haber ganado en las elecciones legislativas en julio de 2009. Desde entonces, permaneció ocultó hasta que el 23 de septiembre burló un cerco policial y se presentó en el Congreso para asumir como diputado, con lo que logró la inmunidad que hoy le han retirado.
"Queda separado de su cargo"
Durante el debate, el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Alejandro Encinas, ha exhortado a Godoy Toscano a presentarse ante la autoridad judicial, rendir cuentas y cumplir con su responsabilidad. Godoy Toscano es requerido por la Fiscalía mexicana por el presunto delito de lavado de dinero y por sus supuestos vínculos con Servando Gómez, La Tuta, uno de los líderes de La Familia Michoacana.
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, Jorge Carlos Ramírez, ha declarado en la sesión que con este dictamen se resuelve que Godoy Toscano "queda separado de su cargo, a disposición de las autoridades y en caso de resultar absuelto podrá reasumir su cargo siempre y cuando estén vigentes sus derechos". En la tribuna el perredista Alejandro Encinas ha destacado que "es la primera ocasión en que a un representante popular se le adjudican delitos vinculados con el crimen organizado, por eso no es menor el asunto y en nombre del PRD queremos expresar nuestro voto a favor de desafuero". Ha dicho también que debe ser la justicia la que determine la inocencia o culpabilidad de Godoy Toscano.
El pasado jueves cayó el capo de La Familia Nazario Moreno González, alias El Chayo o El Doctor. El presidente de México, Felipe Calderón, ha revelado que fue abatido durante una fiesta "de la que todo el mundo se entera", que celebró la organización delictiva. Calderón no ha dudado en señalar que la muerte de El Chayo es "el golpe más severo" que ha recibido este cartel "en toda su historia". Los hechos tuvieron lugar en la zona de Apatzingán -Estado de Michoacán- durante la fiesta a la que acudieron cientos de invitados. El Chayo era uno de los fundadores de esta organización, caracterizada por incluir proclamas religiosas en su ideario. Michoacán fue el primer Estado donde el Gobierno inició operaciones contra la delincuencia organizada, en diciembre de 2006. En las últimas semanas se han recrudecido los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los sicarios.
jueves, 9 de diciembre de 2010
Una de cada 4 personas ha sobornado a funcionarios
El 56% de ciudadanos en el mundo cree que la corrupción ha aumentado, según un sondeo de Transparencia Internacional.
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La percepción de ‘corrupción menor’ en Perú está entre el 20 y el 30 por ciento. (USI)
La corrupción avanza en todo el mundo. Una de cada cuatro personas en el orbe ha sobornado a un funcionario para recibir servicios públicos básicos, señala una encuesta de Transparencia Internacional. La organización recabó las opiniones de 91 mil personas en 85 países.
El Barómetro Global de la Corrupción 2010 apunta que este tipo de delitos económicos, conocidos como ‘corrupción menor’, predominan en Asia y África. Además, afectan principalmente a la Policía, el funcionariado de aduanas y el sistema judicial.
Los territorios donde hay más ‘corrupción menor’ son Afganistán, Camboya, Camerún, India, Irak, Liberia, Nigeria, Palestina, Senegal, Sierra Leona y Uganda, países en los que más de la mitad de la población encuestada admite haber pagado una coima en los últimos doce meses.
De otro lado, el promedio mundial de las personas que creen que la corrupción se ha incrementado en sus países en este período se sitúa en el 56 por ciento. “La crisis financiera afecta a la opinión de la gente sobre la corrupción, especialmente en Europa y en Norteamérica”, aseguró la presidenta de TI, Huguette Labelle, en un comunicado.
¿Y NUESTRA REGIÓN? En América Latina, Bolivia, El Salvador y México son los que más ‘corrupción menor’ padecen –entre el 30 y el 50% de los encuestados lo ha sufrido en el último año–, seguidos por Chile, Colombia, Perú y Venezuela –entre el 20 y el 30%– y más tarde Argentina, entre el 6 y el 20 por ciento.
Los países en los que sus ciudadanos perciben que la corrupción más ha empeorado en los últimos tres años son Senegal (88%), Rumanía (87%), Venezuela (86%), Papúa Nueva Guinea (85%), Portugal (83%) y el Perú (79%).
'Solidaridad Geek'
'Solidaridad Geek'
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/12/09/navegante/1291858533.html
Miles de personas creen que deben hacer justicia defendiendo a Assange
Han atacado con éxito páginas web como PayPal, Visa o Mastercard
Los ataques apenas están organizados y carecen de líderes, pero funcionan
La clave: la defensa de unos ideales desde el anonimato y con medios digitales
Sergio Rodríguez
Madrid
Actualizado jueves 09/12/2010 05:54 horasDisminuye el tamaño del textoAumenta el tamaño del textoComentarios 43 ¡Alerta, un grupo de hackers ha atacado PostFinance, PayPal, Mastercard y Visa en defensa del fundador de WikiLeaks! ¿Un grupo de hackers? No del todo. Se trata más bien de un montón de gente que ha acudido a la llamada de unos activistas -algunos hackers y otros no- que se ocultan en el anonimato que permite Internet. Como el sitio web de Assange basa sus filtraciones en la seguridad que da el poder hacerlas y permanecer en secreto.
Anonymous es el nombre de este grupo que ha salido en defensa de Assange tras su detención y en defensa de WikiLeaks tras los últimos problemas del sitio. Anonymous no es nadie y es mucha gente, aunque tenga algunos portavoces. Es un grupo de activistas que defiende una serie de valores -primordialmente la transparencia y el rechazo a la censura- y al mismo tiempo son miles de internautas anónimos que, sin nombre ni apellidos, navegan por la Red y comparten estos ideales.
O, más bien, comparten una causa. Una que consideran justa y loable. En el caso que nos ocupa, creen que su deber es defender a Julian Assange, editor jefe de WikiLeaks. Sus motivos pueden ser variables, aunque en general lo hacen porque creen que trabaja en defensa de la transparencia y la verdad. Pero la causa no es en absoluto lo importante. La clave de todo es la solidaridad: la 'solidaridad geek'.
En España, por desgracia, lo 'geek' está muy mal entendido. Un 'geek' no es un 'friki' pegado a un ordenador con una pizza y una coca cola. No es un loco de la tecnología y la informática. Se trata más bien de un entusiasta de algo muy concreto que comparte su afición con otros fans y que ha encontrado en Internet un medio de comunicación ideal, privado, inacabable y en muchas ocasiones anónimo para compartir su pasión.
Si bien puede haber tantas definiciones de 'geek' como autores y tantos tipos como personas, suelen tener como denominadores comunes que se plantean retos intelectuales, que tienen más habilidades de las comunes en el uso de ordenadores e Internet, que son tremendamente orgullosos y que no suelen abandonar una causa justa. Una mezcla que, combinada con el anonimato, puede ser explosiva.
Si es justo, llámalo como quieras
Y es exactamente lo que parece haber ocurrido en el caso de WikiLeaks. Una mezcla de todo lo anterior que ha generado tal sentimiento de indignación entre miles de internautas, muchos de ellos 'geeks', que los ha puesto en disposición de hacer cualquier cosa por su causa justa. No por Julian Assange, porque el nombre es lo de menos. Podría ser por Lady Gaga si su causa fuera la adecuada y ella estuviese amenazada. Lo importante es ser solidarios con alguien a quien consideran justo y equilibrado. Caiga quien caiga.
Pero no se trata de un movimiento solidario organizado. Tampoco deberíamos hablar de 'democracia 2.0', 'control 2.0', 'poder 2.0' u otros términos rimbombantes. Sólo se trata de ciudadanos indignados prestos a pelear. Internautas que, en este caso, cuentan con medios para actuar desde sus casas. Una manifestación de rabia y autodefensa en la Red similar al de la Solidaridad polaca (Solidarność) que en las calles inspiró las revoluciones en la Europa del Este de los años 80 y 90. Parecido pero muy diferente.
Porque es un movimiento más libre al no estar organizado, porque apenas se deja influenciar y porque carece de líderes. Anonymous es sólo un grupo de personas que defienden una serie de causas justas. Tienen éxito en la medida en que aciertan con sus reivindicaciones. Si yerran no hay repercusión. Pero si dan en el clavo… ¡ay!, si dan en el clavo da igual quién esté por delante, sea un senador de EEUU, Google, Twitter, Facebook o, por qué no, el mismo foro en el que nacieron, 4chan: Podrían atacarlo todo en la medida en que se trata de un movimiento irracional en el que ni siquiera se puede hablar de activismo -mucho menos de guerra-. Ahora bien, cada vez que realizan un ataque lo que defienden pierde parte de su legitimidad.
Estos 'geeks' solidarios no tienen por qué ser 'hackers'. De hecho, la mayoría no lo son. ¿Quiere usted ser miembro de Anonymous? Descargue el programa que este grupo facilita y, si está de acuerdo, hágalo funcionar para cada ataque concreto según sus instrucciones. Bienvenido al club de todos y de ninguno. ¿Se imagina que alguien quisiera 'desconectar' a este grupo? Imposible. Su página web es un centro de operaciones que rápidamente podría cambiar al chat del IRC donde se suelen reunir, a cualquier foro recóndito o a una lista de correo.
Y no nos olvidemos del anonimato, del necesario y sano anonimato, motor de gran parte de Internet y garante de la libertad de todos los internautas, especialmente de los 'geeks'… como usted, que está loco por los viajes y no deja de mirar TripAdvisor mientras sueña con hoteles de lujo; o usted, que consulta la clasificación de 2ªB y 3ª división cada diez minutos durante cada jornada de Liga; o usted, que ve una y otra vez 'Charlie bit my finger'; o usted, que trata de mejorar cada día la Wikipedia. No tenga miedo y reconozca su lado 'geek': como Julian Assange, Steve Jobs, Bill Gates o Mark Zuckerberg. Con este panorama, ¿quién no querría serlo?
viernes, 26 de noviembre de 2010
viernes, 5 de noviembre de 2010
Juez que usó a su hijo para cobrar coima irá a prisión
http://peru21.pe/impresa/noticia/juez-que-uso-su-hijo-cobrar-coima-ira-prision/2010-11-05/289227
Enfrenta cargos por corrupción y se le investiga por exposición al peligro a menores. El martes fue sorprendido con su vástago de 11 años, quien recibió 300 soles de litigante.
Las denuncias sobre magistrados 'coimeros’ lamentablemente ya no son novedad en nuestro país, pero lo cometido por el juez de paz José Rolando Aguilar Pilco no fue un caso más debido a que puso en evidencia cómo la corrupción también puede hacer que un hombre de derecho exponga a su hijo al peligro.
A Aguilar Pilco no le importó utilizar a su vástago de 12 años para cobrar una coima. Ambos fueron sorprendidos, el último martes, por personal de la Fiscalía Suprema de Control Interno (FSCI) y personal del ”rgano de Control de la Magistratura del Poder Judicial (OCMA), luego de que el menor recibiera 300 soles de parte de un litigante, a quien Aguilar, en su calidad de juez del Segundo Juzgado de Paz Letrado de Pueblo Libre, prometió resolver a su favor un proceso por pensión de alimentos.
El mal magistrado había dado instrucciones a su hijo para recoger el dinero. ¿Fue la primera vez que usaba al menor en este tipo de delito? Las autoridades lo investigan.
Voceros de la Fiscalía informaron que Aguilar Pilco también podría ser denunciado por exponer a su hijo al peligro, cuya pena es de entre 4 y 5 años de cárcel.
Por lo pronto, el juez Jorge Luis Cortez, titular de la Primera Fiscalía Superior Especial en Delitos de Corrupción de Funcionarios, ya lo denunció ante la Cuarta Sala Penal de Reos en Cárcel por el delito de cohecho pasivo específico (corrupción de funcionarios), que establece entre 8 a 15 años de cárcel.
Aguilar fue trasladado ayer a la carceleta del Poder Judicial. En las próximas horas pasará a un penal de la capital.
EJEMPLAR SANCIÓN. Para la abogada Yolanda Llanos, de Acción por los Niños, este magistrado no solo debe ser procesado por corrupción, sino también por el delito de exposición al peligro al menor.
“Ha obligado a su hijo a que vaya hacia otro inmueble con una persona extraña, exponiéndole a un peligro. El agravante es que este señor es su padre y encima un magistrado que debió defender los derechos del niño”, explicó Llanos.
Para la abogada es grave que haya sido sorprendido pretendiendo manipular el fallo de un proceso de alimentos.
“Ha querido vulnerar el derecho fundamental de un niño, el de ser protegido por la justicia. ¿Habrá sido la primera vez que lo hace?”, cuestionó.
La especialista instó a las autoridades a sancionar a Aguilar también por estos delitos contra el menor de edad. También pidió al Colegio de Abogados que lo inhabilite.
A Aguilar Pilco no le importó utilizar a su vástago de 12 años para cobrar una coima. Ambos fueron sorprendidos, el último martes, por personal de la Fiscalía Suprema de Control Interno (FSCI) y personal del ”rgano de Control de la Magistratura del Poder Judicial (OCMA), luego de que el menor recibiera 300 soles de parte de un litigante, a quien Aguilar, en su calidad de juez del Segundo Juzgado de Paz Letrado de Pueblo Libre, prometió resolver a su favor un proceso por pensión de alimentos.
El mal magistrado había dado instrucciones a su hijo para recoger el dinero. ¿Fue la primera vez que usaba al menor en este tipo de delito? Las autoridades lo investigan.
Voceros de la Fiscalía informaron que Aguilar Pilco también podría ser denunciado por exponer a su hijo al peligro, cuya pena es de entre 4 y 5 años de cárcel.
Por lo pronto, el juez Jorge Luis Cortez, titular de la Primera Fiscalía Superior Especial en Delitos de Corrupción de Funcionarios, ya lo denunció ante la Cuarta Sala Penal de Reos en Cárcel por el delito de cohecho pasivo específico (corrupción de funcionarios), que establece entre 8 a 15 años de cárcel.
Aguilar fue trasladado ayer a la carceleta del Poder Judicial. En las próximas horas pasará a un penal de la capital.
EJEMPLAR SANCIÓN. Para la abogada Yolanda Llanos, de Acción por los Niños, este magistrado no solo debe ser procesado por corrupción, sino también por el delito de exposición al peligro al menor.
“Ha obligado a su hijo a que vaya hacia otro inmueble con una persona extraña, exponiéndole a un peligro. El agravante es que este señor es su padre y encima un magistrado que debió defender los derechos del niño”, explicó Llanos.
Para la abogada es grave que haya sido sorprendido pretendiendo manipular el fallo de un proceso de alimentos.
“Ha querido vulnerar el derecho fundamental de un niño, el de ser protegido por la justicia. ¿Habrá sido la primera vez que lo hace?”, cuestionó.
La especialista instó a las autoridades a sancionar a Aguilar también por estos delitos contra el menor de edad. También pidió al Colegio de Abogados que lo inhabilite.
domingo, 10 de octubre de 2010
La cleptocracia nacional
Transversalidad política, dispersión territorial, transfuguismo e impunidad electoral, claves de la epidemia moral más grave que ha vivido la política española desde que se instauró la democracia
El juicio oral de la «Operación Malaya», con su alharaca mediática populista y su circo de personajes de la telebasura, ha devuelto al primer plano de la actualidad española el problema de la corrupción, amplificado con los ribetes cuasi folclóricos de un morboso carrusel de celebridades del cotilleo. Los protagonistas del escándalo marbellí, una vistosa cuerda de presos vinculados a los manejos tardíos del gilismo, representan la cara paroxística, a menudo esperpéntica, de una epidemia moral incubada en los entresijos de nuestra sociedad política, y que afecta de manera transversal a las estructuras locales y regionales de la mayoría —por no decir la totalidad— de los partidos que forman parte del sistema.
abc.Roca, Camacho, Alavedra, Torrejón y Correa
El espectáculo malayo adquiere un cierto carácter trivial en la medida que pertenece a una peculiar etapa clausurada con la contundente, aparatosa intervención de la Policía y la Justicia. La corrupción de Marbella durante los penúltimos quince años posee una singularidad que la distingue del resto de episodios delictivos que salpican la geografía política española: fue perpetrada por un grupo de outsiders al margen de la partitocracia convencional. Jesús Gil fundó a principios de los noventa un partido aventurerista que aprovechó el desgaste de los agentes políticos habituales para crear una red institucional basada en el cohecho como método administrativo.
Aunque su ejemplo hizo fortuna, el GIL fue el primer partido creado esencialmente para robar: una fuerza cleptocrática muy bien organizada que durante cuatro mandatos —el último con el fundador ya inhabilitado por sentencia judicial—saqueó a fondo el Ayuntamiento marbellí, puso en marcha una sofisticada maquinaria de cobros de comisiones y sobornos y exaccionó cientos de millones de euros a base de intervenir a fondo en la economía local. Como dato significativo hay que anotar que Jesús Gil llegó a la idea de fundar su propia opción ante la presión que sufría como constructor por parte de intermediarios que actuaban en nombre del Partido Socialista, gobernante en Marbella hasta su arrolladora irrupción en 1991.
Tolerancia institucional
Gil pagó comisiones millonarias a personajes del entorno del PSOE andaluz y de la Junta de Andalucía, y guardó copias de los cheques, que sacó a la luz cuando los delitos habían prescrito. Semejante ardid le garantizó la transigencia de las autoridades andaluzas, que miraron para otro lado cuando en el seno del propio socialismo malagueño surgieron las primeras sospechas y denuncias sobre la masiva corruptela de Marbella. Curiosamente una de las personas más activas en esta oposición al gilismo, Isabel García Marcos, acabaría pasándose al adversario —está gravemente imputada en el sumario de Malaya— acaso deslumbrada por el color del dinero y con seguridad desengañada ante la ineficacia de su resistencia.
Pero la larga hegemonía política del GIL en la ciudad costasoleña, liquidada sólo mediante la intervención de la Justicia, pone de manifiesto una de las constantes sociológicas de la corrupción en la España moderna: la tolerancia ciudadana. No sólo fueron las autoridades regionales las que descuidaron la vigilancia. Las cuatro mayorías obtenidas por el gilismo y sus secuelas se produjeron a pesar de las continuas denuncias que la prensa y la oposición efectuaron casi desde el principio sobre los turbios manejos de la municipalidad y sus tentáculos administrativos, en un clima de conocimiento general sobre las actividades ilícitas de los dirigentes que sin embargo no fue óbice para su reelección continuada.
Así ha sucedido también en numerosos ámbitos, regionales y locales, salpicados por escándalos de deshonestidad pública. Alcaldes y cargos autonómicos procesados por corrupción y con razonables indicios de culpabilidad sobre sus espaldas han sido reelegidos —a menudo más de una vez— sin mayor problema. El crecimiento de la preocupación ciudadana por su clase política —de un 6 por ciento en 2008 a un 21,6 en 2010—se relaciona más con la falta de respuestas a los problemas colectivos que con la apreciación sobre la honradez de su desempeño. En ese sentido, la ausencia de sanciones contundentes y las actitudes exculpatorias con que los partidos se blindan ante las denuncias parece basarse en el conocimiento de la impunidad política que la corrupción mantiene en España debido a su carácter generalizado.
Partidos vacunados
En efecto, de los 730 casos judiciales abiertos hasta noviembre de 2009, más de la mitad (464) corresponden a dirigentes del Partido socialista (264) y del Partido Popular (200), mientras el resto se reparten entre otras fuerzas políticas en equitativa proporción con su implantación electoral. La extensión de la enfermedad moral parece haber inoculado una suerte de vacuna política, de tal modo que los escándalos no castigan a los partidos porque sus simpatizantes tienden a exculpar responsabilidades en la propia extensión del mal. El efecto perverso de esta normalización es, pese a su impunidad electoral, el declive del prestigio de la clase política, considerada sospechosa en su conjunto, y muy especialmente la del ámbito local; las concejalías de urbanismo se han convertido en el epítome simbólico del pantano de corrupción en que se hallan sumergidos los escalones más bajos de la Administración del Estado.
Ésta es, junto a la dispersión geográfica y política, la otra característica esencial de la corrupción contemporánea, minimizada por los partidos pese a la evidencia de su alto contagio: casi un 10 por 100 de los municipios ha registrado alguna denuncia con intervención judicial. Durante el felipismo, los casos de venalidad se desarrollaron de manera muy señalada en la propia cúpula del poder y del Estado: la Guardia Civil, el Banco de España, la alta banca, los contratos de grandes infraestructuras, la Expo 92, el Boletín Oficial y hasta la Cruz Roja se vieron afectadas por una ola de deshonestidad a gran escala que implicaba sustancialmente al Partido Socialista y su entorno. El Partido Popular hizo bandera electoral de la corrupción y durante la época de Aznar, la Administración central sufrió una severa depuración que aún mantiene su crédito de limpieza. Sin embargo, la vigilancia del aznarismo provocó el desplazamiento de las actividades políticas ilegales a las esferas autonómica y municipal, donde la corrupción se ha asentado con fuerza en la última década.
Andalucía, en cabeza
De este modo, Andalucía, bastión de resistencia del socialismo con treinta años de poder unívoco, se convirtió en el campo de operaciones de numerosos desaprensivos que desarrollaban negocios a la sombra de unas administraciones dominadas en toda su extensión —local, provincial y regional—, por el mismo partido. El rosario de casos y su extenso ámbito geográfico ha goteado el mapa andaluz de episodios, a menudo pintorescos, de cohecho, soborno y demás figuras penales de abuso de poder, salpicados en ocasiones con estrafalarias excusas registradas en las grabaciones policiales, y que van desde juergas flamencas a visitas a casas de prostitución. Un mapa pícaro en el que sin embargo han destacado episodios singulares de notable importancia, los dos más recientes en la misma capital autonómica. El escándalo de las facturas falsas cobradas por obras inexistentes con el consentimiento de personas próximas al alcalde de Sevilla y el de las extorsiones en Mercasevilla a cuenta de su expansión inmobiliaria —con escalofriantes cintas grabadas por los extorsionados—han revelado la existencia de prácticas indeseables en la estructura de poder directamente controlada por las autoridades socialistas.
Tampoco el PP supo escapar de las tentaciones en su etapa de poder. Las comunidades de Madrid y Valencia vieron crecer la trama Gürtel, primero en el seno de la organización nacional y luego emigrada a los ámbitos regionales, y el caso Palma Arena salpicó a la casi totalidad de la cúpula del partido —empezando por el ex presidente Matas, seriamente imputado—en Baleares. Una comunidad en la que, durante los noventa, Aznar había entregado la cabeza de otro presidente autonómico por su implicación en las irregularidades de contratación del túnel de Sóller.
La red Gürtel (correa, en alemán, por el nombre del principal implicado) se movió con impunidad en los bastidores de los poderes regionales y municipales controlados por los populares, y su proximidad a destacados dirigentes como el presidente valenciano Francisco Camps o algún consejero de Esperanza Aguirre ha otorgado al escándalo dimensiones nacionales, pese a que siendo considerable el volumen cuantitativo del dinero supuestamente defraudado, no llega con sus 26,5 millones de euros a la escala de otros sumarios relacionados con distintos partidos, como los de Ciempozuelos (40 millones), Pretoria (45) o el célebre de Marbella, con la apoteosis de 2.400 millones irregulares, a los que hay que sumar casi otros tantos en diversas piezas separadas que abrazan el mapa sumarial del saqueo marbellí.
También nacionalistas
También otros gobiernos de autonomías, muy significadamente en Cataluña, Andalucía y Canarias, se han visto envueltos en notables episodios venales, en muchos casos con el concurso de partidos nacionalistas incrustados como bisagras en los mecanismos administrativos o directamente involucrados en el ejercicio hegemónico del poder, como es el caso de Convergencia i Unió. El nacionalismo catalán, salpicado de lleno por la «Operación Pretoria» y el escándalo del Palau de la Música barcelonés, escapó sin embargo de la sorprendente denuncia efectuada en 2004 por el entonces presidente de la Generalitat Pasqual Maragall, que en una sesión parlamentaria acusó a los convergentes de haber cobrado una mordida sistemática del tres por ciento en las contratas. La sociedad catalana echó tierra sobre el asunto evitando una polémica que habría podido poner patas arriba todo el establisment autonómico de las tres últimas décadas.
Bisagras electorales
Partidos como Coalición Canaria, el citado GIL, el Andalucista de los años noventa o el PAL almeriense, entre otros, permanecen vinculados a la sospecha general debido a la alta y numerosa implicación de muchos de sus miembros en casos investigados por la Justicia. El carácter de bisagra electoral de sus representaciones políticas los situó al frente de áreas sensibles en la contratación y el gasto, como el urbanismo, el turismo o las obras públicas. La reciente «Operación Poniente» en Almería ha revelado la existencia de una trama transversal que, articulada a través de un pequeño partido compuesto por tránsfugas del PP en la próspera localidad de El Ejido, tejió durante años lazos irregulares en la Diputación provincial y otros municipios en alianzas simultáneas o sucesivas con el PSOE y el PP. La red Poniente es el primer caso que involucra directamente a los dos grandes partidos, razón que puede explicar el silencio mediático que rodea al escándalo en la opinión pública nacional. Si Malaya representa la gran trama tejida al margen del bipartidismo —aunque muchas de sus operaciones urbanísticas contaron con la anuencia o el visto bueno de la Junta de Andalucía, bajo control socialista—, el caso Poniente constituye el más vistoso ejemplo de implicación dual de militantes representativos de las dos fuerzas esenciales del sistema.
El transfuguismo, unido al control de las competencias de política territorial y urbanismo, se ha revelado como uno de los principales factores propiciadores de la corrupción local, sin que los partidos hayan logrado erradicar esta práctica viciosa que constituye un abuso del privilegio de la representación ciudadana. Los diferentes pactos suscritos han tenido el mismo nulo efecto que las diversas modificaciones legislativas. Continuas mociones de censura apoyadas en tránsfugas que cambian de partido o de voto se producen en los municipios sometidos a mayor tensión urbanística, siendo el de Benidorm —con implicación de la familia de la secretaria de organización del PSOE, Leire Pajín— el más sonado pero de ninguna manera el único de ellos. Pinto, Sanlúcar —donde un concejal que denunció su intento de soborno aportando al juez el dinero recibido sufrió un largo proceso de casi una década antes de quedar absuelto—, Gibraleón, El Ejido, Denia y otras muchas localidades han visto estos movimientos pendulares vinculados a operaciones recalificatorias o de planificación territorial. La necesidad de dinero de los Ayuntamientos, asfixiados en su estructura financiera, ha provocado el aluvión de intereses cruzados sobre las plusvalías del suelo.
Suelos urbanizables
Abandonados en la escala de financiación de servicios, por detrás de la Administración autonómica y central, los municipios han vivido en la última década y media de los recursos generados por la puesta en mercado de suelos urbanizables, con los consiguientes procesos de recalificación y de creación de plusvalías legales e ilegales. Sin ser el único ámbito de corrupción, sí ha sido el más amplio y abierto, debido a la rapidez y contundencia de los beneficios que generaba hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria. Es también la explicación principal del carácter municipal de la mayoría de los escándalos; una clase política de escasa formación, poco controlada por los medios de comunicación y bastante autónoma en sus organizaciones partidarias, acostumbradas a no injerirse en la financiación local, se desplegó sobre inmensos recursos financieros de rápida transformación con el consiguiente proceso de desclasamiento; las tentaciones resultan universales, pero tienden a rechazarlas mejor quienes poseen mejor preparación intelectual y moral y mayor consciencia de su responsabilidad política.
La estructura cleptocrática de la democracia española presenta, pues, un cuádruple cuadro característico: generalización transversal a todos los partidos; dispersión territorial en comunidades y autonomías; vinculación con el transfuguismo y los grupos bisagra, y centro administrativo en los recursos urbanísticos, principal fuente de financiación de las instituciones locales. Sin embargo, su consecuencia más llamativa es la impunidad política, tanto a cargo de los partidos que tratan con benevolencia a sus miembros corruptos como por parte de una opinión ciudadana que no penaliza electoralmente la venalidad. Se trata, pues, de un mal con pronóstico grave, ya que son los propios enfermos quienes se resisten a aceptar el diagnóstico y a aplicar el correspondiente tratamiento.
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