Es lamentable el desborde de la delincuencia en el Peru que pone en peligro la estabilidad social, en muchas partes la ciudadania cansada de tanta impunidad procede a linchar a los delincuentes

Juez que usó a su hijo para cobrar coima irá a prisión

http://peru21.pe/impresa/noticia/juez-que-uso-su-hijo-cobrar-coima-ira-prision/2010-11-05/289227

Enfrenta cargos por corrupción y se le investiga por exposición al peligro a menores. El martes fue sorprendido con su vástago de 11 años, quien recibió 300 soles de litigante.

Las denuncias sobre magistrados 'coimeros’ lamentablemente ya no son novedad en nuestro país, pero lo cometido por el juez de paz José Rolando Aguilar Pilco no fue un caso más debido a que puso en evidencia cómo la corrupción también puede hacer que un hombre de derecho exponga a su hijo al peligro.

A Aguilar Pilco no le importó utilizar a su vástago de 12 años para cobrar una coima. Ambos fueron sorprendidos, el último martes, por personal de la Fiscalía Suprema de Control Interno (FSCI) y personal del ”rgano de Control de la Magistratura del Poder Judicial (OCMA), luego de que el menor recibiera 300 soles de parte de un litigante, a quien Aguilar, en su calidad de juez del Segundo Juzgado de Paz Letrado de Pueblo Libre, prometió resolver a su favor un proceso por pensión de alimentos.

El mal magistrado había dado instrucciones a su hijo para recoger el dinero. ¿Fue la primera vez que usaba al menor en este tipo de delito? Las autoridades lo investigan.

Voceros de la Fiscalía informaron que Aguilar Pilco también podría ser denunciado por exponer a su hijo al peligro, cuya pena es de entre 4 y 5 años de cárcel.

Por lo pronto, el juez Jorge Luis Cortez, titular de la Primera Fiscalía Superior Especial en Delitos de Corrupción de Funcionarios, ya lo denunció ante la Cuarta Sala Penal de Reos en Cárcel por el delito de cohecho pasivo específico (corrupción de funcionarios), que establece entre 8 a 15 años de cárcel.

Aguilar fue trasladado ayer a la carceleta del Poder Judicial. En las próximas horas pasará a un penal de la capital.

EJEMPLAR SANCIÓN. Para la abogada Yolanda Llanos, de Acción por los Niños, este magistrado no solo debe ser procesado por corrupción, sino también por el delito de exposición al peligro al menor.

“Ha obligado a su hijo a que vaya hacia otro inmueble con una persona extraña, exponiéndole a un peligro. El agravante es que este señor es su padre y encima un magistrado que debió defender los derechos del niño”, explicó Llanos.

Para la abogada es grave que haya sido sorprendido pretendiendo manipular el fallo de un proceso de alimentos.

“Ha querido vulnerar el derecho fundamental de un niño, el de ser protegido por la justicia. ¿Habrá sido la primera vez que lo hace?”, cuestionó.

La especialista instó a las autoridades a sancionar a Aguilar también por estos delitos contra el menor de edad. También pidió al Colegio de Abogados que lo inhabilite.

La cleptocracia nacional

La cleptocracia nacional

Transversalidad política, dispersión territorial, transfuguismo e impunidad electoral, claves de la epidemia moral más grave que ha vivido la política española desde que se instauró la democracia

El juicio oral de la «Operación Malaya», con su alharaca mediática populista y su circo de personajes de la telebasura, ha devuelto al primer plano de la actualidad española el problema de la corrupción, amplificado con los ribetes cuasi folclóricos de un morboso carrusel de celebridades del cotilleo. Los protagonistas del escándalo marbellí, una vistosa cuerda de presos vinculados a los manejos tardíos del gilismo, representan la cara paroxística, a menudo esperpéntica, de una epidemia moral incubada en los entresijos de nuestra sociedad política, y que afecta de manera transversal a las estructuras locales y regionales de la mayoría —por no decir la totalidad— de los partidos que forman parte del sistema.

 

abc.Roca, Camacho, Alavedra, Torrejón y Correa

El espectáculo malayo adquiere un cierto carácter trivial en la medida que pertenece a una peculiar etapa clausurada con la contundente, aparatosa intervención de la Policía y la Justicia. La corrupción de Marbella durante los penúltimos quince años posee una singularidad que la distingue del resto de episodios delictivos que salpican la geografía política española: fue perpetrada por un grupo de outsiders al margen de la partitocracia convencional. Jesús Gil fundó a principios de los noventa un partido aventurerista que aprovechó el desgaste de los agentes políticos habituales para crear una red institucional basada en el cohecho como método administrativo.

Aunque su ejemplo hizo fortuna, el GIL fue el primer partido creado esencialmente para robar: una fuerza cleptocrática muy bien organizada que durante cuatro mandatos —el último con el fundador ya inhabilitado por sentencia judicial—saqueó a fondo el Ayuntamiento marbellí, puso en marcha una sofisticada maquinaria de cobros de comisiones y sobornos y exaccionó cientos de millones de euros a base de intervenir a fondo en la economía local. Como dato significativo hay que anotar que Jesús Gil llegó a la idea de fundar su propia opción ante la presión que sufría como constructor por parte de intermediarios que actuaban en nombre del Partido Socialista, gobernante en Marbella hasta su arrolladora irrupción en 1991.

Tolerancia institucional

Gil pagó comisiones millonarias a personajes del entorno del PSOE andaluz y de la Junta de Andalucía, y guardó copias de los cheques, que sacó a la luz cuando los delitos habían prescrito. Semejante ardid le garantizó la transigencia de las autoridades andaluzas, que miraron para otro lado cuando en el seno del propio socialismo malagueño surgieron las primeras sospechas y denuncias sobre la masiva corruptela de Marbella. Curiosamente una de las personas más activas en esta oposición al gilismo, Isabel García Marcos, acabaría pasándose al adversario —está gravemente imputada en el sumario de Malaya— acaso deslumbrada por el color del dinero y con seguridad desengañada ante la ineficacia de su resistencia.

Pero la larga hegemonía política del GIL en la ciudad costasoleña, liquidada sólo mediante la intervención de la Justicia, pone de manifiesto una de las constantes sociológicas de la corrupción en la España moderna: la tolerancia ciudadana. No sólo fueron las autoridades regionales las que descuidaron la vigilancia. Las cuatro mayorías obtenidas por el gilismo y sus secuelas se produjeron a pesar de las continuas denuncias que la prensa y la oposición efectuaron casi desde el principio sobre los turbios manejos de la municipalidad y sus tentáculos administrativos, en un clima de conocimiento general sobre las actividades ilícitas de los dirigentes que sin embargo no fue óbice para su reelección continuada.

Así ha sucedido también en numerosos ámbitos, regionales y locales, salpicados por escándalos de deshonestidad pública. Alcaldes y cargos autonómicos procesados por corrupción y con razonables indicios de culpabilidad sobre sus espaldas han sido reelegidos —a menudo más de una vez— sin mayor problema. El crecimiento de la preocupación ciudadana por su clase política —de un 6 por ciento en 2008 a un 21,6 en 2010—se relaciona más con la falta de respuestas a los problemas colectivos que con la apreciación sobre la honradez de su desempeño. En ese sentido, la ausencia de sanciones contundentes y las actitudes exculpatorias con que los partidos se blindan ante las denuncias parece basarse en el conocimiento de la impunidad política que la corrupción mantiene en España debido a su carácter generalizado.

Partidos vacunados

En efecto, de los 730 casos judiciales abiertos hasta noviembre de 2009, más de la mitad (464) corresponden a dirigentes del Partido socialista (264) y del Partido Popular (200), mientras el resto se reparten entre otras fuerzas políticas en equitativa proporción con su implantación electoral. La extensión de la enfermedad moral parece haber inoculado una suerte de vacuna política, de tal modo que los escándalos no castigan a los partidos porque sus simpatizantes tienden a exculpar responsabilidades en la propia extensión del mal. El efecto perverso de esta normalización es, pese a su impunidad electoral, el declive del prestigio de la clase política, considerada sospechosa en su conjunto, y muy especialmente la del ámbito local; las concejalías de urbanismo se han convertido en el epítome simbólico del pantano de corrupción en que se hallan sumergidos los escalones más bajos de la Administración del Estado.

Ésta es, junto a la dispersión geográfica y política, la otra característica esencial de la corrupción contemporánea, minimizada por los partidos pese a la evidencia de su alto contagio: casi un 10 por 100 de los municipios ha registrado alguna denuncia con intervención judicial. Durante el felipismo, los casos de venalidad se desarrollaron de manera muy señalada en la propia cúpula del poder y del Estado: la Guardia Civil, el Banco de España, la alta banca, los contratos de grandes infraestructuras, la Expo 92, el Boletín Oficial y hasta la Cruz Roja se vieron afectadas por una ola de deshonestidad a gran escala que implicaba sustancialmente al Partido Socialista y su entorno. El Partido Popular hizo bandera electoral de la corrupción y durante la época de Aznar, la Administración central sufrió una severa depuración que aún mantiene su crédito de limpieza. Sin embargo, la vigilancia del aznarismo provocó el desplazamiento de las actividades políticas ilegales a las esferas autonómica y municipal, donde la corrupción se ha asentado con fuerza en la última década.

Andalucía, en cabeza

De este modo, Andalucía, bastión de resistencia del socialismo con treinta años de poder unívoco, se convirtió en el campo de operaciones de numerosos desaprensivos que desarrollaban negocios a la sombra de unas administraciones dominadas en toda su extensión —local, provincial y regional—, por el mismo partido. El rosario de casos y su extenso ámbito geográfico ha goteado el mapa andaluz de episodios, a menudo pintorescos, de cohecho, soborno y demás figuras penales de abuso de poder, salpicados en ocasiones con estrafalarias excusas registradas en las grabaciones policiales, y que van desde juergas flamencas a visitas a casas de prostitución. Un mapa pícaro en el que sin embargo han destacado episodios singulares de notable importancia, los dos más recientes en la misma capital autonómica. El escándalo de las facturas falsas cobradas por obras inexistentes con el consentimiento de personas próximas al alcalde de Sevilla y el de las extorsiones en Mercasevilla a cuenta de su expansión inmobiliaria —con escalofriantes cintas grabadas por los extorsionados—han revelado la existencia de prácticas indeseables en la estructura de poder directamente controlada por las autoridades socialistas.

Tampoco el PP supo escapar de las tentaciones en su etapa de poder. Las comunidades de Madrid y Valencia vieron crecer la trama Gürtel, primero en el seno de la organización nacional y luego emigrada a los ámbitos regionales, y el caso Palma Arena salpicó a la casi totalidad de la cúpula del partido —empezando por el ex presidente Matas, seriamente imputado—en Baleares. Una comunidad en la que, durante los noventa, Aznar había entregado la cabeza de otro presidente autonómico por su implicación en las irregularidades de contratación del túnel de Sóller.

La red Gürtel (correa, en alemán, por el nombre del principal implicado) se movió con impunidad en los bastidores de los poderes regionales y municipales controlados por los populares, y su proximidad a destacados dirigentes como el presidente valenciano Francisco Camps o algún consejero de Esperanza Aguirre ha otorgado al escándalo dimensiones nacionales, pese a que siendo considerable el volumen cuantitativo del dinero supuestamente defraudado, no llega con sus 26,5 millones de euros a la escala de otros sumarios relacionados con distintos partidos, como los de Ciempozuelos (40 millones), Pretoria (45) o el célebre de Marbella, con la apoteosis de 2.400 millones irregulares, a los que hay que sumar casi otros tantos en diversas piezas separadas que abrazan el mapa sumarial del saqueo marbellí.

También nacionalistas

También otros gobiernos de autonomías, muy significadamente en Cataluña, Andalucía y Canarias, se han visto envueltos en notables episodios venales, en muchos casos con el concurso de partidos nacionalistas incrustados como bisagras en los mecanismos administrativos o directamente involucrados en el ejercicio hegemónico del poder, como es el caso de Convergencia i Unió. El nacionalismo catalán, salpicado de lleno por la «Operación Pretoria» y el escándalo del Palau de la Música barcelonés, escapó sin embargo de la sorprendente denuncia efectuada en 2004 por el entonces presidente de la Generalitat Pasqual Maragall, que en una sesión parlamentaria acusó a los convergentes de haber cobrado una mordida sistemática del tres por ciento en las contratas. La sociedad catalana echó tierra sobre el asunto evitando una polémica que habría podido poner patas arriba todo el establisment autonómico de las tres últimas décadas.

Bisagras electorales

Partidos como Coalición Canaria, el citado GIL, el Andalucista de los años noventa o el PAL almeriense, entre otros, permanecen vinculados a la sospecha general debido a la alta y numerosa implicación de muchos de sus miembros en casos investigados por la Justicia. El carácter de bisagra electoral de sus representaciones políticas los situó al frente de áreas sensibles en la contratación y el gasto, como el urbanismo, el turismo o las obras públicas. La reciente «Operación Poniente» en Almería ha revelado la existencia de una trama transversal que, articulada a través de un pequeño partido compuesto por tránsfugas del PP en la próspera localidad de El Ejido, tejió durante años lazos irregulares en la Diputación provincial y otros municipios en alianzas simultáneas o sucesivas con el PSOE y el PP. La red Poniente es el primer caso que involucra directamente a los dos grandes partidos, razón que puede explicar el silencio mediático que rodea al escándalo en la opinión pública nacional. Si Malaya representa la gran trama tejida al margen del bipartidismo —aunque muchas de sus operaciones urbanísticas contaron con la anuencia o el visto bueno de la Junta de Andalucía, bajo control socialista—, el caso Poniente constituye el más vistoso ejemplo de implicación dual de militantes representativos de las dos fuerzas esenciales del sistema.

El transfuguismo, unido al control de las competencias de política territorial y urbanismo, se ha revelado como uno de los principales factores propiciadores de la corrupción local, sin que los partidos hayan logrado erradicar esta práctica viciosa que constituye un abuso del privilegio de la representación ciudadana. Los diferentes pactos suscritos han tenido el mismo nulo efecto que las diversas modificaciones legislativas. Continuas mociones de censura apoyadas en tránsfugas que cambian de partido o de voto se producen en los municipios sometidos a mayor tensión urbanística, siendo el de Benidorm —con implicación de la familia de la secretaria de organización del PSOE, Leire Pajín— el más sonado pero de ninguna manera el único de ellos. Pinto, Sanlúcar —donde un concejal que denunció su intento de soborno aportando al juez el dinero recibido sufrió un largo proceso de casi una década antes de quedar absuelto—, Gibraleón, El Ejido, Denia y otras muchas localidades han visto estos movimientos pendulares vinculados a operaciones recalificatorias o de planificación territorial. La necesidad de dinero de los Ayuntamientos, asfixiados en su estructura financiera, ha provocado el aluvión de intereses cruzados sobre las plusvalías del suelo.

Suelos urbanizables

Abandonados en la escala de financiación de servicios, por detrás de la Administración autonómica y central, los municipios han vivido en la última década y media de los recursos generados por la puesta en mercado de suelos urbanizables, con los consiguientes procesos de recalificación y de creación de plusvalías legales e ilegales. Sin ser el único ámbito de corrupción, sí ha sido el más amplio y abierto, debido a la rapidez y contundencia de los beneficios que generaba hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria. Es también la explicación principal del carácter municipal de la mayoría de los escándalos; una clase política de escasa formación, poco controlada por los medios de comunicación y bastante autónoma en sus organizaciones partidarias, acostumbradas a no injerirse en la financiación local, se desplegó sobre inmensos recursos financieros de rápida transformación con el consiguiente proceso de desclasamiento; las tentaciones resultan universales, pero tienden a rechazarlas mejor quienes poseen mejor preparación intelectual y moral y mayor consciencia de su responsabilidad política.

La estructura cleptocrática de la democracia española presenta, pues, un cuádruple cuadro característico: generalización transversal a todos los partidos; dispersión territorial en comunidades y autonomías; vinculación con el transfuguismo y los grupos bisagra, y centro administrativo en los recursos urbanísticos, principal fuente de financiación de las instituciones locales. Sin embargo, su consecuencia más llamativa es la impunidad política, tanto a cargo de los partidos que tratan con benevolencia a sus miembros corruptos como por parte de una opinión ciudadana que no penaliza electoralmente la venalidad. Se trata, pues, de un mal con pronóstico grave, ya que son los propios enfermos quienes se resisten a aceptar el diagnóstico y a aplicar el correspondiente tratamiento.

La Libertad: extorsionadores mataron a dueño de un hotel en Chepén

En otro atentado en la misma ciudad, un grupo de delincuentes quemó un auto porque su dueño se negó a pagarles cupo

El dueño de un hospedaje en la provincia de Chepén, en La Libertad, fue asesinado por un grupo de extorsionares luego de que se negara a pagarles un cupo de dinero para garantizar su “seguridad”

Según informó “América Noticias”, la víctima, identificada como Segundo Fernández Becerra salió a atender a tres supuestos huéspedes, pero en realidad eran delincuentes que le dispararon a la boca.

Por otro lado, en el mismo Chepén, otra banda de malhechores robó un auto y le pidió a su dueño 8 mil soles para devolverlo. Pero como el transportista no lo hizo, los hampones decidieron prenderle fuego al vehículo y abandonarlo en un descampado.

La Policía Nacional señaló que las bandas que operan en Chepén son formadas por peligrosos delincuentes de Chiclayo y Trujillo.

Congreso aprueba trasvase de aguas del Titicaca a Tacna sin consultar a Puno

La congresista nacionalista Susana Vilca advirtió, que la decisión unilateral de la Comisión del Congreso traerá conflictos entre ambas regiones. - Dictamen fue aprobada por la Comisión Agraria del Parlamento y quedó expedito para su debate en el Pleno.

La Comisión Agraria del Congreso de la República, aprobó ayer el Proyecto de Ley Nº 3282/-CR, que declara de interés y necesidad pública la ejecución del proyecto de trasvase de seis metros cúbicos por segundo de las aguas del rio Desaguadero (lago Titicaca) a la región Tacna, sin consultar a la región Puno.

El tenor del artículo primero del anteproyecto refiere: “Declárese de interés y necesidad pública la ejecución del proyecto de trasvase de 6 m3 / segundo de las aguas del rio Desaguadero a la región Tacna”.

La iniciativa legislativa aprobada ayer, no fue consultada a la región Puno por los integrantes de la Comisión Agraria del Parlamento, según nos da cuenta la congresista nacionalista Susana Vilca Achata, quien mostró su disconformidad con el proyecto de Ley, que quedó expedito para su debate en el Pleno del Congreso.

CONSULTA POPULAR

Sobre el asunto, Vilca Achata dijo que la comisión no puede aprobar una iniciativa legislativa de manera unilateral; por lo tanto, exigió que se haga una consulta a la población de Puno, antes de la aprobación de la norma por el Pleno del Congreso.

Además, dijo que el presidente del Gobierno Regional Puno, Hernán Fuentes Guzmán, hizo caso omiso al Oficio Nº 1653/2009, del 2 de junio de 2009, mediante la cual se le pidió ponga su posición al respecto, pero éste nunca lo hizo.

Vilca Achata sostuvo que el proyecto de Ley considera el trasvase de agua para los terrenos agrícolas y también para generar energía eléctrica en la Región Tacna, e insistió en que se debe realizar la consulta a la población de Puno y de esa manera evitar conflictos sociales.

“No es momento para aprobar el actual dictamen tal como está, porque no se ha consultado a la población de Puno y como representante del pueblo puneño no puedo permitir que la norma sea sancionada en esas condiciones”, así de enfática fue la respuestas de la parlamentaria al ser consultada por el proyecto.

OTRO SI Para hoy se tiene previsto la reunión de la Bancada de congresistas por Puno, para analizar y tomar acciones legales y sociales sobre el proyecto de Ley que aprueba el trasvase de las aguas del Titicaca a la región Tacna.

 

http://www.losandes.com.pe/Regional/20100916/40921.html#comentarios

Piden que presidente de la Corte Superior de Justicia sea suspendido

Reynaldo Luque designó a Juez que liberó a sujeto que asaltó mina Aruntani
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Escribe: :: PAUL APAZA COYLA
Judicial - 06:00h

- Congresista Yonhy Lescano instó a que se investigue los actuados de los jueces supernumerarios. - Según resolución de OCMA, el presidente de la Corte Superior de Puno es co-responsable de los actuados de los jueces suplentes.

Piden su cabeza. El congresista de la República, Yonhy Lescano Ancienta, dijo que el presidente de la Corte Superior de Justicia de Puno, Reynaldo Luque Mamani, debería ser suspendido del cargo por ser co-responsable en la liberación de Osterling Nayed Aguilar Villanueva, delincuente que perpetró el sangriento asalto a la mina Aruntani S.A.C., en complicidad de otros 10 malhechores el 20 de julio del 2005, llevándose 130 kilos de oro.

Como informó este matutino en su edición anterior, mediante la Sentencia Nº 149-2010 el 26 de julio del 2010, el juez del Juzgado Penal Liquidador de la provincia de Ayaviri del Distrito Judicial de Puno, Carlos Miguel Chávez Linares, declaró fundada el proceso de Habeas Corpus interpuesta ante su despacho por Osterling Nayed Aguilar Villanueva, disponiendo así la libertad inmediata del asaltante que fue condenado a 35 años de cárcel.

El parlamentario fundamentó que Luque Mamani, no solo debe ser separado del cargo, sino debería investigarse las motivaciones de las resoluciones de los jueces supernumerarios (antes suplentes) que fueron designados por la Corte Superior en el ámbito del Distrito Judicial de Puno.

Fuentes confiables informaron que Reynaldo Luque Mamani, en su condición de presidente de la Corte Superior de Justicia de Puno, designó unilateralmente al juez (suplente) del Juzgado Penal Liquidador de Ayaviri, Carlos Miguel Chávez Linares; dejando incluso de lado a los postulantes que aprobaron para asumir dicha responsabilidad y a sabiendas de que éste (Chávez Lineras) no aprobó una evaluación anterior de expedientes.

ES RESPONSABLE

Al respecto, con fecha 08 de abril del 2010, la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial de Lima, mediante la Resolución de Jefatura Nº 038-PCMA/PJ, la OCMA emitió un dispositivo legal, para precisar la responsabilidad que tienen los presidente de las cortes superiores respecto a los jueces suplentes , ahora llamados “supernumerarios”.

La Resolución Jefatural en su artículo primero señala textualmente: “Establecer que existe Responsabilidad Disciplinaria de los presidentes de cada Corte Superior de Justicia del país en la designación de los jueces suplentes (ahora denominados jueces supernumerarios), que no reúnan las condiciones de idoneidad profesional y ética contenidos en el Perfil del Juez y los Requisitos generales para acceder y permanecer en la carrera judicial”.

Sobre el caso, abogados reconocidos de Puno, señalan que Reynaldo Luque Mamani, es co-responsable en la liberación del delincuente Osterling Nayed Aguilar Villanueva, quien fue sentenciado por la Corte Superior de Justicia de Moquegua a 30 años de cárcel; pena que fue ratificada e incrementada incluso a 35 años de prisión por la Corte Suprema en Lima, en contra de asaltante de la minera Aruntani donde murieron asesinados dos vigilantes.

ODECMA DICE QUE JUEZ YA NO TRABAJA

Sobre el escandaloso fallo de Habeas Corpus, conversamos con la jefa de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (ODECMA) de la Corte Superior de Justicia de Puno, Udelia Butrón Zevallos, quien dijo que conocido del cuestionado fallo, dispuso la investigación por su despacho e informó de los resultados de la misma a la OCMA de Lima, para que tome la sanción correspondiente contra el magistrado Carlos Miguel Chávez Linares.

Dijo también que hizo saber al presidente del la Corte Superior de Justicia de Puno, Reynaldo Luque, quien separó del cargo al juez Chávez Linares, tras conocer la sentencia del Habeas Corpus, donde se autoriza la libertad de asaltante que perpetró robo a la minera.

PIDEN INTERVENCIÓN DE OCMA

El congresista Lescano Ancieta, al igual que reconocidos abogados, exigieron a la Oficina de Control de la Magistratura de Lima a que intervenga de oficio, para saber de las circunstancias en la que fue designado como juez Chávez Linares. También solicitaron que Luque Mamani, sea sancionado ejemplarmente por no revisar de manera adecuada la Hoja de Vida y el Perfil Profesional del Magistrado.

 

CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS DEL ASALTO A MINA ARUNTANI

- 20 de julio del 2005. Asalto a la mina Aruntani.

- 24 de setiembre del 2005. Capturan a Osterling Nayed Aguilar Villanueva, Miguel Ángel Arpasi Lecaros, Edgar Alfredo Gutiérrez Aguilar y Jorge Quintín Vargas Aceituno, en el jirón Cultura Nº 400 de la urbanización Santa María de Juliaca.

- 13 de septiembre del 2006. Edgar Alfredo Gutiérrez Aguilar (Chino) y Jorge Quintín Vargas Aceituno (Renzo) fugan del penal de Juliaca.

- 05 de noviembre del 2007. Corte Superior de Justicia de Moquegua sentencia a 30 años de cárcel a Osterling Nayed Aguilar Villanueva y Miguel Ángel Arpasi Lecaros.

- 15 de octubre del 2008. Primera Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratifica y eleva la pena a 35 años de cárcel a ambos delincuentes.

- 27 de mayo del 2010. La madre de Osterling Nayed Aguilar Villanueva interpone recurso de Habeas Corpus, ante el Juez del Juzgado Penal de la provincia de Ayaviri.

- 26 de julio del 2010. Mediante Sentencia Nº 149-2010, Carlos Miguel Chávez Linares, ordena la liberación de Osterling Nayed Aguilar Villanueva.

http://www.losandes.com.pe/Judicial/20100914/40810.html

Sentencian a funcionario chino a pena de muerte por aceptar sobornos

http://www.rpp.com.pe/2010-09-09-sentencian-a-funcionario-chino-a-pena-de-muerte-por-aceptar-sobornos-noticia_293927.html

Wang Huayuan, de 62 años, un antiguo responsable de la lucha anticorrupción en China, fue condenado a la pena capital por aceptar sobornos por un valor de unos 1,13 millones de dólares.

Un antiguo responsable de la lucha anticorrupción en dos de las provincias más ricas de China fue condenado hoy a muerte por aceptar sobornos por valor de unos 7,71 millones de yuanes (1,13 millones de dólares), informó la agencia oficial Xinhua.

Wang Huayuan, de 62 años y que ocupó las secretarías anticorrupción de las provincias de Cantón (sur) y Zhejiang (este) entre los años 1998 y 2009 fue condenado a la pena capital pero con una suspensión de dos años, por lo que ésta podría conmutarse a cadena perpetua pasado ese tiempo si el reo muestra buena conducta.

El jefe anticorrupción, según la sentencia, no dio datos claros sobre el origen de muchas de sus propiedades, y "abusó de su puesto" cuando dirigía las comisiones de disciplina de las dos provincias citadas.

A cambio de los sobornos, Wang recibió un trato favorable "y ayudó a otros en negocios, empleo, casos judiciales" o influencias para evitar la cárcel, añadió el dictamen.

Los tribunales decidieron suspender la sentencia por dos años teniendo en cuenta que el acusado devolvió el dinero malversado, cooperó con los investigadores y confesó sus delitos.

Wang fue detenido en abril de 2009, expulsado del Partido Comunista de China (PCCh) en agosto de ese año, y se le comenzó a juzgar el pasado 14 de julio.

El Gobierno central chino considera que la corrupción, muy extendida en todos los estamentos del PCCh, es uno de los principales focos de descontento social hacia la formación política que domina el país desde hace seis décadas.

Por ello, la justicia del país, con diferencia la que más penas de muerte dicta en el mundo, emite con frecuencia sentencias "ejemplarizantes" de este tipo contra altos cargos corruptos, mientras el Gobierno central lanza periódicamente campañas de inspección de sus líderes, normalmente a nivel regional y local.

-EFE-